El pasado miércoles 7 de diciembre y a escasas horas de ser destituido por el Congreso de la República del Perú, el entonces presidente Pedro Castillo anunció un gobierno de excepción, cuyas medidas incluirían la disolución del Congreso, toque de queda y reorganización del poder judicial.Con menos de dos años en el poder, Castillo ya había sobrevivido a dos juicios políticos.Sin embargo, para esta tercera ocasión estaba alertado que los votos alcanzarían para destituirlo. Por este motivo, entre la desesperación e ineptitud, busca anticiparse y decreta un golpe de Estado, que termina por ser desconocido y repudiado tanto por las fuerzas de seguridad como por integrantes de su gabinete y partido.

A decir verdad, la remoción de Castillo era un hecho esperado. Su desastrosa salida es una consecuencia más de la crisis política que atraviesa Perú, que en los últimos años 6 años ha cambiado de 6 presidentes. Parte de la inestabilidad, tiene su origen en su deficiente diseño político e institucional. Se trata de una forma híbrida de gobierno que mezcla elementos del sistema presidencial con rasgos del parlamentario. Bajo ciertas circunstancias, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, y a la vez, el Congreso está facultado constitucionalmente para remover al presidente. El proceso de destitución o juicio político, es un procedimiento legal que existe en otros países como Estados Unidos o Brasil. Sin embargo, la controversia peruana radica en sus cláusulas, ya que la vacancia se solicita por la permanente incapacidad moral del presidente. Para que la moción de vacancia sea aprobada, es necesaria la mayoría calificada, es decir 87 de 130 parlamentarios. Y como el Congreso es unicameral, la decisión es inapelable. A todas luces, más allá de ser un freno y un contrapeso, la vacancia por incapacidad moral es un arma poderosísima del Congreso que diluye y merma la separación de poderes.

Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales en 2021, a través de una segunda vuelta electoral y con una estrechísima diferencia de 45 mil votos frente a Keiko Fujimori, actual líder de la coalición opositora con mayoría en el Congreso. Por este motivo, a la remoción de Castillo lo único que faltaba era ponerle fecha y hora. Como respuesta a su detención por delito de sedición, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia y México emitieron un comunicado conjunto en defensa del expresidente del Perú señalándolo como una víctima. Coincido parcialmente. Sí, Pedro Castillo es una víctima, pero de su propia ingenuidad que lo llevará a la cárcel. Pero si queremos ser justos, la verdadera víctima aquí es el pueblo peruano, preso un sistema político que le ofrece paliativos en vez soluciones reales que le permitan transitar de un escenario de crisis a uno de prosperidad.

Por Renata Zilli

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