Orizaba, Ver.- Ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue denunciado el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, y en contra de quien o quienes más resulten responsables, por el delito de despojo cometido en contra del patrimonio de los ex obreros de Río Blanco, por el robo de tubería y haber hecho una calle en un terreno particular.

Los afectados, Carlos Vázquez Hernández, Adolfo Pérez de Jesús, José Luis Gutiérrez Ladrón de Guevara y Abelardo Mazahua Reyes demandaron a Hidroeléctricas Virita SA de CV, IMSS e Infonavit así como a Gabitex SA de CV por lo que en fecha de 12 de junio de 2003, la Junta Especial número 54 de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó con fecha 13 de noviembre del año 2002 un laudo dentro del juicio laboral registrado bajo el número 359/200.

En ese momento, se les hizo saber que los actores acreditaron parcialmente sus acciones, hidroeléctricas Virita SA de CV, pero justificó parcialmente sus excepciones y defensas, el IMSS no justificó sus excepciones y defensas, mientras que el Infonavit se declaró contumaz, y Gabitex justificó sus excepciones y defensas, obteniendo los resolutivos del segundo al sexto que para evitar abundamiento.

Los ex obreros comentaron que acudieron al municipio de Ixhuatlancillo para retomar algunos trámites, pero el 18 de febrero consideraron que era necesario acudir al terreno, y cuál fue su sorpresa que “el inmueble presentaba cambios”.

Entre esos cambios destaca una serie de faltantes de infraestructura de tuberías de conducción de agua, así como modificaciones al terreno convirtiéndolo en una calle pavimentada, que por voz de vecinos de la zona, ahora la hacen llamar prolongación de Norte 5 A.

“Además por los propios vecinos conocimos que quien se encargó de llevar a cabo dichas modificaciones fue el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos”.

Refirieron que las autoridades municipales de Ixhuatlancillo y Orizaba tienen conocimiento de su logro laboral ante la Junta de Conciliación número 54 y que tuvo como resultado que a los suscritos se les adjudicó el multicitado inmueble, “tan es así, que se les han entregado sendos oficios de los suscritos respecto a diferentes acciones intentadas con órganos de gobierno estatal y municipal, agregando que por ningún motivo hemos autorizado que se lleven acciones de dominio en nuestro inmueble, ni podrá la autoridad argumentar la mejora al inmueble, toda vez que los cambios realizados al inmueble no son en beneficio de este”.

Manifestaron que el alcalde orizabeño ha menoscabado su propiedad, despojando prácticamente parte de su inmueble, “dicha autoridad ha vulnerado nuestros derechos de posesión y propiedad, al disponer de nuestro inmueble sin ningún permiso o autorización verbal o escrita de nuestra parte que le permita disponer de nuestra posesión y propiedad que ostentamos de dicho inmueble, ni tampoco puede decir que desconozca quien represente los intereses del multimencionado inmueble”.

Asimismo, expusieron que “cuenta la autoridad con la infraestructura municipal y estatal como lo es el Catastro y el Registro Público de la Propiedad, es decir que aunque no controle dichas dependencias su acceso a las mismas le es posible para efectuar cualquier acción que intentara en el ejercicio de sus funciones, recordando que además de no estar impedido de investigar y conocer esos temas”.

Ante este despojo, solicitaron la intervención del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción se interponga una denuncia y/o querella en contra de Juan Manuel Diez Francos en su personalidad de Presidente Municipal de Orizaba, así como contra quien o quienes más resulten responsables por el delito de despojo.

Se pide al Director General de los Servicios Periciales, a fin de que designe perito en materia criminalística para que lleve a cabo la inspección del lugar, criminalística de campo, secuencia fotográfica, avalúo de daños, colindancias del predio, así como levantamiento de indicios que considere pertinentes de los hechos denunciados, es decir topografía forense y prueba pericial en agrimensura.

Finalmente demandaron castigar al responsable o responsables de los hechos denunciados, así como también se repare el daño o los daños causados.

Juan José Enríquez